La remunicipalización de los servicios públicos por parte de los Ayuntamientos genera un conflicto laboral a los empleados de las empresas privadas que, hasta la fecha, realizaban dichas prestaciones. Precisamente las garantías laborales de estos trabajadores han sido objeto de debate en una Mesa de Expertos organizada por el periódico Las Provincias, de la Comunidad Valenciana.

OSUR estuvo presente en la sesión a través de la figura de Ramiro Aurín, su director general, quien defendió que el único criterio para llevar a cabo una remunicipalización debería ser el interés general y propuso una reforma de la administración para hacerla más razonable.

Por su parte, Gustavo Vargas, responsable del sector del agua de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, señaló que este tipo de procesos suelen vivirse con mucha inquietud en las plantillas y destacó que los empleados no se plantean el modelo de gestión de los servicios, sino que lo que más les preocupa es asegurar su puesto de trabajo.

Durante el debate se pusieron de manifiesto otros problemas concretos que pueden surgir en la reversión de empresas. Para José María Goerlich, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia “uno no puede acceder a la administración pública sin un concurso de méritos y se entra en conflicto porque el derecho del trabajo impide que eso ocurra en base a que el derecho administrativo prevalece”.

Manuel Olaya, abogado responsable del área laboral de Gabinete Begur, apuntó que existen actualmente dos corrientes, la del indefinido no fijo y la de la homogeneización que supone igualar las condiciones.